EL REINO DE LA CRISIS: ¿EXISTEN SOLUCIONES?

 

EL REINO DE LA CRISIS

  

La Crisis económica y financiera en Europa:

Causas y algunas soluciones:

 

Crisis financiera y crisis de Deuda. Situación

 

La situación financiera de Francia, de España y de Europa en general es suficientemente preocupante como para que desde diferentes foros de pensamiento y de análisis surjan ideas y reflexiones que ayuden a esclarecer la situación de nuestras economías, anticipar las reacciones de los mercados y generar un espacio de esperanza, por ello, en nuestro análisis, hacemos abstracción de la crisis griega o de la chipriota, pero no de los efectos políticos y financieros que la misma está provocando sobre la imagen de otros países, como España o Italia, tanto en la prensa como en sectores económicos franceses. Países que, por otro lado (Italia o España son un ejemplo), tienen un peso específico en la Unión Europea suficientemente importante como para que el ciudadano européo y francés en particular, pueda ver amenazada la estabilidad de la Zona Euro, y sobre todo, un peligro inminente sobre su economía. 

Los especialistas barajan una enorme cantidad de argumentos técnicos y políticos con los que intentan justificar y asociar los violentos movimientos de los mercados financieros con la supuestamente "desesperada" situación de las economías española e italiana; no obstante, la destreza técnica de los analistas, oculta a menudo la realidad que se perfila en esta crisis de carácter mundial, cuya mala comprensión y una aún peor comunicación sobre los orígenes y consecuencias de la misma, afecta negativamente a las economías de la OCDE y sobre todo a la imagen y al potencial de desarrollo de las empresas españolas, así como a la inversión directa en España.

Dicho de otra manera, sin inversión, sin consumo, sin desarrollo empresarial y sin imagen,  el comercio y la productividad solo pueden caer, y el paro y la deuda crecer, poniendo en peligro, no solo la Zona Euro, sino también, el Estado del Bienestar y la Democracia. 

Un país se hace libre por la firme voluntad de sus gentes, la libertad implica el control de su riqueza y ésta no debiera someterse a la evaluación constante de una tecnocracia privada e interesada, cuyos parámetros de análisis dan más importancia al factor riesgo que a la generación de valor, conduciendo, a menudo, a la política de “no gasto”, “no invierto”, “no riesgo”, política que paradójicamente, a medio plazo genera “pobreza”, “descapitalización”, “deuda”, “paro” e “incremento del riesgo”, riesgo económico-financiero, riesgo social y riesgo político.  

En los párrafos que siguen, desde la perspectiva de un observador español en Francia intentaré interpretar lo que, a través de la realidad francesa, está pasando en Europa, anticipar las tendencias de la actuación de los mercados y elaborar algunas hipótesis de solución que puedan servir de reflexión a nuestros dirigentes. 

Para ello, comenzamos planteándonos una serie de preguntas que la prensa económica francesa, así como la alemana y la británica, se plantean constantemente: 

La situación de España ¿puede poner en peligro la estabilidad de Francia y la zona euro en su conjunto?  

Deuda Externa  

Analistas como el Premio Nobel Krugman y Roubini dicen que España puede romper la Unión Monetaria Europea. Según ellos, durante los últimos diez años, la economía española ha perdido entre un 25% y un 30% de competitividad en relación a las economías más potentes de la Unión Monetaria Europea y esa falta de competitividad, junto con una tasa de crecimiento de la demanda interna (casi el doble de la media europea hasta el año 2007), ha llevado a la economía española a tener un déficit externo por cuenta corriente del 10% del PIB, lo que es difícilmente sostenible. No obstante, en dichas argumentaciones se observan importantes omisiones. Es decir, que aunque  Krugman, Roubini y otros omitan decirlo, no debemos olvidar que la política económica española de los últimos 15 años ha permitido un desarrollo importante de las fuerzas productivas del país, generando confianza en la capacidad de crecimiento de España y atrayendo importantes flujos de capitales durante dicho período, capitales que en una gran medida fueron destinados a mejorar el activo fijo de las PYMES, acelerar la innovación y desarrollar la internacionalización de la economía en su conjunto. En este período, y ya en plena crisis, la Balanza Comercial española se ha equilibrado, las empresas españolas gozan de una inmejorable imagen y posición en todo el mundo y nuestra I+D en energía, en electrónica y en Ciencias de la Vida se encuentra en la cima mundial. ¿Dónde se encuentran las contradicciones o los problemas de la economía española?  

Asimismo, huelga comentarlo, durante todos estos años, tener un déficit por cuenta corriente abultado no suponía problema alguno para las economías del Euro. El crédito estaba al alcance de todo el mundo y encima era barato, hasta que, a partir del año 2008, como todos sabemos, las condiciones crediticias cambiaron radicalmente y el dinero dejase de fluir como antes. ¿Cuáles fueron las causas?

Los motivos de esta restricción del crédito, salen de la órbita del caso español, italiano o francés, no obstante, si consideramos la manera en que España (e Italia) están siendo afectadas, es conveniente analizar lo que sucede y lo que se podría hacer.  

¿Cómo dicen que se puede reducir o corregir el déficit por cuenta corriente?  

Políticas económicas correctoras 

Según los especialistas, hay dos formas de abordar y corregir el Déficit por cuenta corriente:


La primera es por la vía de precios: es decir, ajustar los salarios reales (solución políticamente casi inviable a corto plazo y que exige, aún así, una dura lucha sindical y un irrecuperable desgaste político) o devaluar la divisa nacional, aunque esta última solución ya no existe, pues cuando Francia, España e Italia  se incorporaron al euro cedieron este derecho, lo que, en los momentos actuales, es aprovechado por movimientos radicales para reclamar la salida del Euro, olvidándose a menudo, que la nueva situación exige políticas presupuestarias y fiscales coordinadas, así como que nuestra élites adquieran un conocimiento preciso de los procesos de decisión comunitaria y de sus principios, con el fin de poder negociar ajustes equilibrados entre economías diferentes de la Unión, donde la divergencia de intereses nos hacen olvidar principios de base como el de la solidaridad y de preferencia comunitaria. En tales circunstancias, cuando las correcciones por vía de precios (reducción de salarios o devaluaciones) no llegan, la economía se ajusta por cantidades (segunda solución), es decir, la economía entra en recesión y el volumen de empleo desciende, lo que, en última instancia, conduce, inevitablemente, a ajustes salariales. Esta es una realidad palpable en la economía española que en abril de 2012 llegaba a una tasa de 24% de paro y en marzo de 2013 a una tasa del 26%, frente a la francesa que presentaba en la misma fecha una tasa de paro oficial de casi 11%, aunque dicha tasa de paro no incluye una categoría de población en edad de trabajar, a la que los responsables del INSEE (equivalente del INE) llaman inactivos. La contabilización de parados e inactivos nos da un porcentaje próximo a 18%.

No obstante, a pesar de estos ajustes, tanto la economía española como la francesa siguen teniendo un abultado déficit corriente, de aproximadamente el 5% del PIB, lo que no da confianza a los mercados y frena los flujos de capital, pero ¿es eso todo?, por supuesto que no. Las estructuras jurídicas de cada mercado, tanto del español como del francés, incitan a la creación de vías de escape, de novedades que impidan la ruptura total del sistema.  

Portage Salarial  

Hace años, aparecieron en Francia las sociedades de Portage salarial, ofreciendo una solución a aquellos que habiendo perdido su empleo o sin haberlo encontrado todavía, y sin capital o sin posibilidades ni ganas para crearse una empresa, necesitaban imperiosamente trabajar, prescindiendo de un salario fijo. ¿En qué consistía dicha solución? Una persona con experiencia y con una potencial cartera de clientes, pero que no quiere asumir los riesgos ni problemas administrativos de una creación de empresa, puede acudir a una sociedad de “Portage Salarial”, para que sea ésta, la que, a cambio de un 10% del producto de su venta de servicios, se ocupe de inscribirlo en la Seguridad social y le haga sus hojas de paga, deducidas las cargas sociales del régimen general de asalariados. Solo existen dos condiciones principales.

La primera es que los clientes que hayan recibido los servicios de la persona en cuestión, recibirán, para efectuar el pago de dichos servicios, una factura de la sociedad de Portage Salarial, a quién tendrán que realizar el pago, en las condiciones que se estipulen.

La segunda, es que el trabajador, que, por esta vía, mantiene sus prestaciones de Seguridad Social, acepta que la sociedad de Portage después de pagar el IVA, las cargas sociales y quedarse con el 10% de la facturación realizada, le haga una hoja de paga con un salario completamente flexible, que depende de la recaudación generada por su trabajo. Es decir, se trata bien de un salario y no de una prestación de servicios

Este tipo de sociedades presentan la ventaja de regular los precios de la mano de obra según la demanda, de manera completamente flexible y sin lucha sindical, evitando la regulación por cantidades, como decíamos al principio, es decir, por aumento del n° de parados, desde una perspectiva tradicional. Estas sociedades también cumplen otra función, no menos importante: la fuerza recaudatoria, de gran importancia macroeconómica, pues las personas que utilizan este sistema, trabajan mucho menos en economía sumergida, ya que les interesa que se paguen sus cargas sociales, además, la facturación de estas empresas se hace con IVA, por lo cual, desde ese punto de vista aumenta la recaudación fiscal. Por último, desde un punto de vista sociológico, estas personas se sienten integradas, pues tienen más facilidades para negociar contratos de vivienda, al poder presentar hojas de paga. Ya no son unos excluidos.  

No cabe duda de que estas sociedades de Portage salarial cumplen una función importante, pero, cabe preguntarse, si el concepto es accesible a todo el mundo, a todas las edades. Imaginemos, para ello, un estudiante o un pequeño grupo de jóvenes diplomados que no consiguen encontrar empleo, ¿qué fondo de comercio pueden aportar a la sociedad de portage?, ¿Cómo hacer prospección de clientela sin estructura jurídica?. La respuesta, que me fue dada por un grupo de estudiantes, es sencilla:  

La solución consistía en crear una asociación sin fin lucrativo, donde cada uno aporta una cotización mínima. La asociación puede crear una web y publicitar su fin social y servicios, y como tal llegar a un acuerdo con la sociedad de portage para que cuando haya ventas sea la sociedad de portage la que facture y haga las hojas de paga de los asociados.  

De esta manera, tenemos una asociación que hace comercio, que vende servicios y que, seguramente, incrementará su n° de asociados rápidamente, puesto que éstos son pagados por su participación a la obra social, pero la asociación  no tendrá ninguna obligación legal derivada de la facturación ni del pago de sus prestaciones, permitiendo que los jóvenes vayan adquiriendo experiencia e incorporándose progresivamente al mercado laboral. En definitiva, los jóvenes también pueden beneficiarse de este principio. Habría que introducirlo en España y en los países que necesiten incorporar a sus jóvenes al mercado de trabajo, en condiciones de seguridad, y hacerlo con las dos ópticas presentadas, jóvenes y mayores de 45 años. El paro se reduciría substancialmente y la recaudación fiscal y social aumentaría, eliminándose una parte de la bolsa de economía sumergida. 

La deuda  

Para comprender un poco más y mejor la situación actual, podemos utilizar un indicador muy seguido por el mercado internacional, se trata del diferencial de bonos a 10 años. El diferencial de España en el año 2007 apenas llegaba a diez puntos básicos. El diferencial de los últimos meses oscila de 350 a los quinientos puntos básicos,  y los datos de dicho indicador han detonado todas las alarmas financieras internacionales, pues un diferencial de intereses tan alto solo puede ser fruto de un empeoramiento del riesgo país que representa España. Y también indica que el mercado empieza a detectar la posibilidad de que la Unión Monetaria Europea no aguante y que España termine saliendo del euro. 

Ahora bien, al margen de estos indicadores alarmantes y estrictamente financieros, es decir, en gran parte especulativos, las cifras de las grandes magnitudes de las economías francesa y española, son incluso mejores que las de otros de nuestros principales socios comerciales dentro del Euro, y podrían serlo aún más con una buena dosis de osadía jurídica. Tomamos como ejemplo a Francia:

Con una Deuda Pública no muy elevada, ¿cómo es posible que los analistas digan que España representa un riesgo mayor? ¿Se puede reducir esta Deuda y los intereses de la misma?

Nadie pone en duda la solvencia de la economía española a largo plazo, pero los actores de los mercados financieros, sólo piensan a corto y piden acciones enérgicas que garanticen los flujos monetarios. En tales circunstancias, ¿qué se puede hacer cuando la escasez de liquidez obliga al Estado a colocar un mínimo de 225.000 millones de deuda? 

Pese a que España presenta un ratio de deuda moderado, “Vende España” fue la orden por antonomasia que ejercieron los corredores (brokers) en la sesión del jueves 4 de febrero de 2010. La bolsa española se desplomó casi un 6% y esta situación se ha repetido el 20 de julio de 2012.

¿A qué responde este ataque?

La deuda española en 2010 era del 66%, muy por debajo de la griega que, en la actualidad, ya supera el 150% del PIB o de la francesa que ya supera el 85%, sin hablar de su abultado o abisal déficit de Seguridad Social (el francés).

En aquel momento, había un problema de plazos  grave. El Estado se estaba financiando a muy corto plazo, de hecho, el 70% de la deuda española emitida en 2009 fue a menos de 1 año.. Veamos un poco más en profundidad la situación de nuestra Deuda y del riesgo que representamos: de los 475.000 millones de deuda acumulada a 31 de diciembre del 2009 alrededor de 125.000 millones expiraban durante 2010, y debían ser reemplazados por nueva deuda Si a ello se añade, además, el déficit público de 2009 -más de 100.000 millones- y el déficit público de 2010 (98.000 millones, es decir el 9,2% del PIB), el Gobierno presenta, como mínimo, unas necesidades netas de financiación próximas a los 225.000 millones de euros -alrededor del 22% del PIB (si estuviéramos en el caso griego con más de 150% de Deuda Pública, o incluso en el Francés, con cerca de 85% de Deuda Pública, comprenderíamos la preocupación de los mercados, pero nuestra Deuda actual es de 66%).

¿Cuál es el dato que se nos escapa? 

Lo cierto es que si de repente el mercado no te quiere prestar, te encuentras, de un día para otro, en una situación básicamente de falta de liquidez total, una crisis de la deuda y el equivalente de una suspensión de pagos, como ahora sucede con Estados Unidos (105% de Deuda Pública), pero a quien ninguna Agencia de Notación le había rebajado la nota hasta el mes de agosto de 2011. No obstante, si lo analizamos bien,  esta hipótesis escapa a toda lógica, ya que a los mercados les interesa recuperar sus inversiones. Una suspensión de pagos tiene efectos colaterales, que podrían arruinar a más de la mitad de los especuladores y crear una insolvencia sistémica de nuestra zona monetaria. Por lo tanto, si los especuladores no buscan la insolvencia del sistema, pues normalmente sus acciones se destinan a aprovecharse del mismo, ¿cuál es la lógica?

Nuestro análisis nos conduce, por el momento, a un callejón sin salida, salvo si volvemos al origen de los problemas financieros internacionales que se manifestaron a partir de 2008 como una escasez repentina de liquidez y una restricción brutal del crédito, en parte desencadenada por la crisis de las "Subprimes" norteamericanas, que contaminaron los activos hipotecarios de los bancos europeos, con un particular efecto nocivo sobre el sistema financiero español, debido al peso que la promoción inmobiliaria representa en España, y también debido al hecho de que al menos un 30% de la demanda de bienes inmobiliarios españoles puede considerarse como demanda externa, originaria de los países más afectados por la crisis monetaria, como Gran Bretaña, Alemania y países nórdicos, cuyos jubilados son nuestros principales clientes y cuyos fondos de pensiones estaban más que contaminados. 

Por estas razones, también resulta chocante que otro de los puntos de discusión sobre España, que además resulta clave para los inversores, es el coste que, previsiblemente, tendrá para las cuentas públicas el saneamiento del sector financiero, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, así como la "necesaria" capitalización de las antiguas Cajas de Ahorros, ahora convertidas en bancos y, por lo tanto, con las mismas obligaciones de coeficientes y ratios de solvencia, liquidez y fondos propios que sus antiguos competidores. Se estima que el apoyo del sector público a la banca bien podría ascender hasta los 60.000 millones de euros (el 6% del PIB nacional). España financiaría de esta manera, una parte de la insolvencia de los países llamados "ricos", Lo que “supuestamente” dispararía la deuda pública española hasta un nivel próximo al 76% del PIB a finales del año 2012

El problema real es, pues, un problema a muy corto plazo, no un problema a largo, y que exige medidas enérgicas en el corto plazo, pero también un trabajo de información y de comunicación preciso sobre la realidad de los riesgos y de las responsabilidades colectivas, así como una corresponsabilización de las partes "pasivamente" afectadas en la asunción de una parte del riesgo, para recuperar la confianza de los inversores en el largo plazo, a lo que, desde un punto de vista individual, como país, debemos añadir, convenciendo, que podemos reformar el modelo económico, que podemos crear una economía dinámica y flexible en la que los recursos se puedan asignar a mejores usos, y romper con el círculo vicioso del miedo. 

De hecho, la preocupación de muchos inversores sobre la solvencia de España se viene reflejando con especial virulencia en el mercado de credit default swaps (CDS), donde se puede ver que la prima de riesgo de España se ha disparado. Por ejemplo, en el primer semestre de 2012, hemos pasado a 500 puntos básicos, es decir, un inversor tendría que pagar 500.000 dólares al año para asegurar una inversión en bonos a cinco años de 10 millones.

Esta situación es fruto de las dudas, de la incertidumbre, y beneficio de especuladores, por eso debiéramos analizar con un poco más de detalle, como funcionan éstos y qué impacto pueden tener sobre nuestro mundo empresarial.

No obstante, antes de hacerlo, merece la pena señalar una estrategia ingeniosa, que está naciendo en Francia y cuyo desarrollo político, podría frenar e incluso hacer desaparecer la actual crisis de la Deuda, pues los intereses que países como España o Italia (ya no hablamos de Grecia, pues ha sobrepasado la tasa de usura) están pagando, próximos al 6%, o Francia, muy próximos al 3%, frente a Alemania (casi 0), hacen imposible la reducción de los déficits anuales, a la altura solicitada por Bruselas, pues los intereses de la Deuda están siendo superiores a los ahorros generados por las drásticas restricciones presupuestarias, que por otro lado conllevan una caída de la producción y del consumo, y por lo tanto de los ingresos fiscales.

Consciente de esta realidad el gobierno francés intenta que tanto en el ECOFIN como en las reuniones intergubernamentales del Consejo Europeo, pueda cristalizar la idea de una “mutualización” del riesgo país en las emisiones de Deuda, garantizadas por un emisor fiable como el Banco Central Europeo, y para facilitar este paso, ha imaginado dos categorías de Deuda que se puedan inscribir en el pacto de estabilidad presupuestaria y que permitan una negociación sin conflicto y sin ruptura:

Desde el inicio de 2012, el debate, tanto político como económico, gira en torno a la elevada deuda pública que mantienen algunos de los Estados miembros.

El estado de alarma general comenzó con la situación griega y poco a poco se ha ido desplazando a países con mayor peso económico dentro de la zona euro, como España, Italia y, últimamente, Francia.

Cada vez que uno de estos países lanza una emisión de Deuda, los mercados toman posiciones agresivas incrementando los coeficientes de riesgo y, en consecuencia, aumentando considerablemente los intereses de su Deuda. 

En el caso de Francia los intereses de la Deuda ascienden a cerca de 46 millardos de Euros anuales. Frente a esta situación, muchos analistas abogan por una abolición de los acuerdos que dan a la banca privada la legitimidad para prestar a los Estados, sin embargo, cambiar estos acuerdos firmados en el marco comunitario, y que serán refrendados más tarde con las firmas de Basilea III, implica poner en tela de juicio la construcción comunitaria, lo que explica que ningún Gobierno lo haya propuesto.  

A pesar de ello, en esta argumentación se puede encontrar una fisura de gran calibre: Ya en la época Délors y con el Plan de Convergencia en funcionamiento para alcanzar la posterior creación del Euro, los gobiernos europeos acordaron conjuntamente y consensualmente que la convergencia hacia el euro exigía que los países participantes no sobrepasasen el 60% de Deuda Pública.  Este acuerdo, explícito sobre el importe de la Deuda Pública a no sobrepasar, quiere decir que los países del Euro tienen una autorización implícita y explícita de endeudarse hasta 60% del PIB, siendo reprensible el sobrepasar esta barrera. Desde esa perspectiva, se vuelve ilógico que la cantidad de dinero de deuda, así representada (de 0 a 60%), pague penalidades de riesgo (como está pasando ahora), esta cantidad debiera, legalmente ser financiada convencionalmente por el Banco Central, al tipo que éste está ofreciendo a los bancos privados, los cuales - curiosamente - se están beneficiando de los acuerdos de Basilea III, que dicen que el préstamo a los Estados se puede realizar sin utilizar los Fondos propios (0% de Fondos propios bancarios), es decir, con el dinero de los otros (el que normalmente debiera estar destinado a las PYMES), mientras que para participar en operaciones de tomas de participaciones y adquisiciones de empresas, los bancos que facilitan los préstamos para estas operaciones están obligados a utilizar un 100% de sus Fondos propios, paralizando de esta manera la circulación de dinero en la economía real, el préstamo a las PYMES, el consumo y la recuperación económica, obligando a las antiguas Cajas de Ahorros, ahora convertidas en Bancos a vender sus participaciones industriales en las grandes empresas españolas, para poder alcanzar así el coeficiente de Fondos propios exigido a los bancos por los acuerdos de Basilea.  

Siendo esta operación insuficiente para algunas, pues al fusionarse las principales Cajas, alcanzaron unos niveles de activos tan altos que exigían una capitalización a la altura. En un momento de crisis económica generalizada y de falta de liquidez, las Cajas españolas se ven obligadas a vender una parte de sus participaciones industriales y a solicitar una ayuda a la Unión Europea para alcanzar el suficiente grado de Fondos Propios, con la garantía del Estado español. Esta situación es absurda y contradictoria, sobre todo, si se quiere reactivar la economía y no perder nuestro patrimonio empresarial. 

En definitiva, en lo que respecta a la Deuda, puesto que lo que no es aceptable es sobrepasar el 60% del PIB en Deuda Pública, algunas personas sugieren en Francia que sin necesidad de modificar los acuerdos precedentes sobre estabilidad financiera, pero ajustándolos a la realidad, se podría proponer que todos los Estados de la Zona Euro, puedan financiar su Deuda  "buena" o "admisible" a través del Banco Central Europeo (sistema de Eurobonos u otro), es decir, solo hasta una cuantía o importe que no supere el 60% del PIB , de esta manera, todo lo que supere el 60% saldría de la órbita de necesidades comúnmente aceptadas de los servicios públicos, por lo que sería lógico que todo lo que supere 60%  ("Deuda mala") no sea financiado por el BCE, sino por las entidades financieras privadas, las que, podrán evaluar el riesgo empresarial de ese diferencial, asimismo, esta parte no debiera estar exenta del uso de fondos propios de las entidades bancarias, para evitar una competencia desleal entre el sector público y el sector privado, siendo este último aspecto un “adendum” necesario a incorporar en los acuerdos de Basilea III, que, además presentaría la ventaja de acabar con una parte de la crisis financiera de la Zona Euro, de la artificialmente creada crisis bancaria,  y que tendría el mérito de facilitar la transparencia del gasto de los Estados

 

El Estado francés, por ejemplo, está soportando un coste anual concerniente a los intereses de la Deuda Pública de 45,9 millardos de Euros, pues paga un tipo medio del 3% sobre el conjunto de la Deuda (85% del PIB). Si la hipótesis aquí introducida fuese validada por el conjunto de los países de la Unión Europea, el Estado francés podría financiar el 60% de su Deuda entorno al 1% en el BCE, lo que supondría unos 10,8 millardos de Euros anuales de intereses y 25% de su deuda sobrepasando el 60% al 3%, lo que representa unos 13,5 millardos de Euros, es decir que en conjunto, estaría pagando en intereses unos 24,3 millardos de Euros, o dicho de otra manera, el Estado francés se ahorraría 21,6 millardos de Euros  anuales. España sería otro de los países más beneficiados por la aplicación de estos principios, pues actualmente está pagando alrededor de 42 millardos de Euros de intereses, mientras que si pagase el 60% de Deuda Buena a 1% y el 6% restante a casi el 6%, el total a pagar en intereses sería de 22 millardos, suponiendo un ahorro anual para España de 20 millardos, lo que sin duda permitiría relanzar algunos sectores de nuestra economía y reducir sustancialmente el déficit público. 

Si Francia pagase su Deuda al tipo de interés que se le está aplicando a España, el coste de la deuda francesa supondría la escalofriante cifra de un poco más de 100 millardos de Euros, lo que la economía francesa no podría soportar. Alemania pagaría  casi 140 millardos de intereses de la Deuda, Inglaterra casi 100 millardos e Italia casi 120 millardos. A igualdad de tipos, la situación española sería la más confortable

Estas son cifras que los políticos franceses empiezan a poner sobre la mesa de negociaciones, y en tal sentido su acción creativa y constructiva, que para nuestros vecinos del norte de Europa puede parecer revolucionaria, esperemos sea la base de la nueva fase de la construcción europea. 

Además, este posicionamiento francés se apoya en un sentimiento de justicia y en jurisprudencia comunitaria, es decir, nosotros podemos considerar que si convencionalmente, 60% de endeudamiento, constituye para un Estado la frontera entre Deuda útil y Deuda peligrosa, aplicar una tasa de riesgo idéntica a una y a la otra parece bastante ilógico e insostenible, y – por otro lado – considerando la jurisprudencia comunitaria, queda claro que no tener en cuenta estas bases, implica no respetar los principios de Legitimidad, Proporcionalidad y Justificación. 

Cuando hablo de la innovación francesa frente a las crisis que estamos viviendo, lo hago desde un punto de vista sistémico, quiero decir con esto, que es el sistema y el medio o entorno socio-económico francés, los que ayudan a generar nuevos conceptos en los espíritus que, siendo originarios de otras culturas, han buscado la integración de sus diferentes sistemas de pensamiento sin el establecimiento de jerarquías intelectuales o culturales, lo que ha permitido crear y reproducir pasarelas de creatividad e innovación, a veces revolucionarias y que pocas veces encontramos en otros países. La historia de Francia es una norma de excepciones.

 

 

 

Extractos del libro "Francia, un modelo para Europa y una revolución permanente", publicado por EAE Ediciones y distribuido por MOREBOOKS y AMAZON. Autor :José Francisco Rodríguez Queiruga 

http://www.amazon.com/Francia-modelo-Europa-revoluci%C3%B3n-permanente/dp/3659036153